La privatización está muy bien

El secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicas (Forta), Enrique Laucirica, apuntó ayer que la privatización de las cadenas autonómicas puede ser una de las opciones de negocio factibles dentro de la situación crítica que vive el sector audiovisual. 

En opinión del secretario general de la Forta, la reforma de la Ley Audiovisual es «interesante» porque dota a los gobiernos autonómicos de un «mayor margen» de flexibilidad y gestión. El cambio en la normativa, cree, puede «asegurar su supervivencia» en una coyuntura como la actual en la que tanto los ingresos por publicidad como las subvenciones públicas caen cada año de manera considerable.

Laucirica ha defendido que las grandes deudas de algunos grupos audiovisuales «no son culpa de la mala gestión de las televisiones autonómicas», pero sí que ha reconocido que «las plantillas de algunos canales están sobredimensionadas» y que probablemente «en los próximos meses se oirá hablar bastante sobre ajustes internos». 

Las televisiones autonómicas dan trabajo a unas 10.000 personas, lo que, según detalló Laucirica, supone un gasto de 1.000 millones de euros al año. Esta semana Canal 9 anunciaba un ERE que afectará a 1.295 trabajadores de un total de 1.695. Este tipo de «ajustes son dolorosos, pero necesarios para que el sector tenga algún tipo de salida». 

La importante partida que las autonómicas deben destinar para el pago del personal es un gasto «insostenible y ruinoso y quebraría indefectiblemente», según afirmó ayer el senador del PP Alejandro Muñoz-Alonso. TV3 cuenta con unos 1.900 trabajadores; Telemadrid, 1.175 y Canal Sur, 1.600. «Compárese esto con los cerca de 500 o 600 empleados que tienen las grandes cadenas privadas de alcance nacional», añadió el senador popular. 

Según Laucirica, en todo caso, lo más importante es definir correctamente el concepto de servicio público, el cual sólo pueden ofrecer los entes públicos.