Faltan aún deberes por hacer

La idea que reitera el Gobierno de que «ya hemos hecho los deberes» no tranquiliza a los mercados, ni convence a los organismos internacionales, ni a los gobiernos del euro, ni resulta coherente con las reiteradas bajadas de rating a las que nos someten las agencias. Como tampoco, vistos los resultados conocidos del año, se corresponde a la realidad de un país que, de no hacer nada más, incumplirá su objetivo de déficit público para este año, verá como crece 10 puntos su deuda pública sin que apenas se rebaje la privada, seguirá atascado en medio de una pertinaz sequía de crédito, contemplará con envidia tasas positivas de crecimiento en otros países y convivirá una década más con un volumen inaceptable de paro. Aunque ganemos la Eurocopa, no hay ciudadanía cuyo estoicismo soporte ese panorama. 

Después de cuatro años, nuestro país ha efectuado una adaptación pasiva a la crisis. Es decir, hemos visto subir el paro, bajar los salarios (la reforma laboral favorece ambos aspectos), incrementarse el déficit como consecuencia del funcionamiento de los estabilizadores automáticos y se ha recortado el gasto público, a veces, convirtiendo déficit comercial en deuda financiera, como en el plan de pagos a proveedores. 

Pero hemos avanzado poco, demasiado poco, en una adaptación activa a las nuevas condiciones marcadas por la recesión, para iniciar una estrategia de salida de la misma. De hecho, los dos únicos elementos positivos del último año, la mejora en la productividad y la reducción en el desequilibrio exterior, tienen más que ver con el incremento del paro y la caída de la demanda interna que con una apuesta firme por la innovación o por un fuerte avance de competitividad en nuestros factores productivos. 

Tenemos un amplio espectro de deberes pendientes que requieren del Gobierno rigor y modestia para conectar con la gravedad del momento. Tareas que debemos realizar de acuerdo con las prioridades establecidas por el presidente Obama, que son las opuestas a las de Merkel-Rajoy: crecimiento económico a corto plazo y austeridad a medio plazo, porque ya parece obvio que sin el primero, y sólo a base de apretarse el cinturón como pretenden algunos con más fundamento de moral conservadora (quien la hace, la paga) que económico, no será posible devolver las ingentes cantidades de deuda acumulada por nuestras familias, empresas y administraciones. 

Recuperar acceso a la liquidez en los mercados de crédito, rompiendo nuestra dependencia del Banco Central Europeo como casi única fuente de financiación, es básico. Y para ello, necesitamos hacer dos cosas: asegurar el cumplimiento del déficit público este año y reforzar la solvencia de nuestras entidades financieras. A partir de los datos ya conocidos de los primeros meses del año, el objetivo de déficit será imposible de cumplir sin añadir nuevas medidas en ingresos (subida del IVA que, a estas alturas, ya todo el mundo asume, menos quienes recogieron firmas en la calle contra la subida realizada por el anterior Gobierno), y gastos (un acuerdo de no disponibilidad, como mínimo). 

Analizadas, varias veces, las cuentas de nuestras entidades financieras, parece evidente que falla más la estrategia seguida en la reestructuración que el monto requerido de dinero, sobre todo, si hay apoyo comunitario (llamado rescate en todas partes menos en Moncloa). Hace falta diseñar un banco malo que canalice las ayudas públicas para apuntalar los activos tóxicos inmobiliarios debidamente provisionados, sacarlos de las cuentas de las entidades y devolverles a éstas, de golpe, su solvencia y acceso a los mercados de crédito. También siguen intocados los deberes relacionados con mejora activa de productividad y de competitividad (rebaja de cotizaciones), que ayuden a impulsar los vectores productivos que propician el crecimiento. 

Los dos últimos deberes pendientes que quiero mencionar tienen que ver con las costuras institucionales del país que la crisis ha descosido. En concreto, las relaciones entre partidos políticos, que deben girarse desde el actual enfrentamiento sistemático hacia la negociación de pactos y acuerdos que pongan los intereses generales por delante de los partidistas. Y en segundo lugar, las relaciones entre las diferentes partes del Estado, y de manera destacada entre Gobierno central y Comunidades Autónomas, para pasar de la desconfianza y la confrontación hacia un federalismo cooperativo donde las decisiones comunes se comparten sin imposiciones unilaterales. 

Un federalismo en que cada uno respeta las competencias del otro, incluidas las del Gobierno central, al que la Constitución le atribuye la tarea de garantizar la igualdad entre todos los españoles a partir de la capacidad de establecer y recaudar impuestos en todo el territorio nacional, así como fijar legislación básica que ahorme las disposiciones autonómicas y decida, en exclusiva, el nivel de solidaridad interregional. 

La aplicación pendiente de las reformas administrativas previstas en la Ley de Administración Electrónica y en el Estatuto del Empleado Público, deberá ayudar a crear esa e- administración única, con evaluación de políticas que asegure la eficacia en la gestión, la rendición de cuentas y la austeridad como norma. 

Estamos lejos de haber agotado el catálogo imprescindible de deberes reformistas pendientes. Y eso, sin hablar de la sostenibilidad de las políticas de ingresos (impuestos) y gastos (Sanidad, Educación, Pensiones) del Estado autonómico del Bienestar que tenemos. Los riesgos de no hacer todos estos deberes no se mide, sólo, por la prima de deuda. España no puede quedarse parada, aunque los partidos sigan ganando elecciones.