Carlos Menem reestructura su ejército

El presidente argentino, Carlos Menem, anunció ayer la inminente reestructuración del Ejército, poco después de conocerse el pase a retiro de los oficiales involucrados en los tres alzamientos militares que sufrió el país entre 1987 y 1988, entre ellos el coronel. Mohamed Seineldín.

«Vengo a poner de pie al glorioso Ejército argentino para que se convierta en un ferviente defensor de las instituciones», exclamó el presidente ante 300 oficiales. Con esta decisión, la cúpula del Ejército espera poner punto final a la pelea de facciones en el interior del cuerpo, aunque los castigados todavía confían en una eventual intervención en su favor por parte del presidente.

La Junta de Calificaciones, integrada por los ocho generales más antiguos del país, dispuso sanciones para buena parte de los ex sublevados. El jefe del Ejército de Tierra, general Isidro Cáceres, fue el encargado de notificar las sanciones a los oficiales «carapintadas», apodo que recibieron los ahora castigados por camuflarse el rostro con pintura negra durante los alzamientos. Mientras los rebeldes -menos Seineldín- salían por una puerta del edificio del Ejército asegurando que apelarían la medida ante el presidente, Menem entraba por otra para reunirse con los mandos de la fuerza, ante los cuales enfatizó que «a partir de este instante hay un solo, único, exclusivo y excluyente Ejército».

Sin embargo, los «carapintadas» aún esperan una decisión «política» que, si no los reincorpora al servicio activo, al menos les conceda un reconocimiento que les permita continuar la batalla contra la facción dominante en el Ejército, a la que califican como «liberal». El matutino Página 12 afirmaba ayer que Seineldín sería destinado a la conducción de una fuerza especial con distintos «objetivos» urbanos que irían desde los delitos comunes hasta los actos de terrorismo.

La compensación para el ex teniente coronel Aldo Rico -el otro líder «carapintada»-, que fue dado de baja la semana pasada, se presenta más complicada. Rico, junto a un grupo de infantería, encabezó el motín de Semana Santa de 1987. El Gobierno que presidía Raúl Alfonsín (1983-89) fue incapaz de movilizar fuerzas militares para reprimir la sublevación. Los rebeldes exigieron en esa ocasión la amnistía para los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el anterior régimen castrense (1976-1983). Inmediatamente después, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Obediencia Debida, que eximía de culpa a todos aquellos que cometieron delitos durante la dictadura «por órdenes superiores».

Como consecuencia de esta medida, los «carapintadas» consiguieron la adhesión del resto del Ejército, lo que no había sucedido durante el motín de Monte Caseros (enero de 1988), cuando Rico huyó de la justicia castrense que debía juzgar su anterior rebeldía. Los sublevados se rindieron ante el que en ese momento era jefe del Ejército, general José Caridi, pero se vengaron con el levantamiento en Villa Martelli (diciembre de 1988), encabezado por Seineldín, que culminó con un acuerdo entre ambas facciones para reclamar del poder civil una «salida política» al juicio contra militares.

Una parte de la «solución» exigida entonces fue proporcionada por Menem con los indultos que eximieron de castigo a 39 oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos y a 174 «carapintadas» que tenían causas abiertas en los tribunales militares. La lucha de facciones por el control del Ejército quedó sin resolver. Cáceres aspira a solucionarla con la expulsión de los jefes rebeldes, pero observadores locales estiman que pasará al ámbito político con los líderes «carapintadas» fuera del alcance de las sanciones disciplinarias.