El etarra Nieto soltando por su boca

El etarra Esteban Esteban Nieto, uno de los cuatro miembros del «comando Madrid» juzgados ayer en la Audiencia Nacional por el asesinato de 12 guardias civiles en Madrid el 14 de junio de 1986, dijo que la organización terrorista intenta con sus acciones «lograr el mayor número de bajas posible». Nieto dijo que asume la autoría del atentado, lo mismo que habían declarado minutos antes sus tres compañeros y, al igual que ellos, tampoco quiso dar detalles concretos del papel que cada uno jugó en la preparación y ejecución del mismo.

Al preguntarle el fiscal si sabían que en el autocar elegido viajaban muchos guardias civiles, respondió: «Cuando ETA hace sus acciones procura lograr el mayor número de bajas posible. Estamos en guerra y es lógico que supiéramos que iban guardias civiles en el vehículo». 

José Ignacio de Juana Chaos, antiguo miembro de la policía autónoma vasca también procesado, acusó al Partido Nacionalista Vasco (PNV) de haber boicoteado las negociaciones que iniciaron en Argel representantes del Gobierno español y de la organización terrorista. En su opinión, tanto este atentado, en el que también resultaron heridos otros 43 guardias civiles y 17 paisanos, como otros de ETA, se producen «por la incompetencia y por los intereses políticos del Partido Socialista». Pero no criticó sólo al PSOE, sino también al PNV. «Si la dirección del PNV -dijo- no hubiera boicoteado el proceso de Argel, quizá no se hubieran producido estas acciones».

Se refería a la posibilidad de que ETA hubiera podido cesar en sus atentados en general, ya que el juzgado ayer ocurrió antes de las negociaciones de Argel. En la primera jornada del juicio De Juana Chaos pidió «un acuerdo político con el Estado», para que no haya más atentados. 

Tanto él como los otros acusados acusados reconocieron ser los autores del que es el segundo atentado más sangriento de ETA, después del perpetrado contra el centro comercial Hipercor. Los acusados, Inés del Río Prada, José Ignacio de Juana Chaos, Esteban Esteban Nieto y Antonio Troitiño Arranz no quisieron precisar los detalles de este atentado. «Me llamo Inés del Río -dijo esta procesada, pero a mí se me va a juzgar como militante de ETA, por tanto es un juicio a mi organización y no a mí».

Inés del Río repitió varias veces que la masacre de la República Dominicana fue una acción más de ETA, y amenazó con que «acciones como ésta se van a repetir mientras no se dé una salida negociada, que el Gobierno español no quiere». Señor presidente, creemos que es imposible seguir el interrogatorio -dijo el fiscal, al ver que Inés siempre se refería en sus respuestas a la lucha de ETA y no a lo que él preguntaba.

-Yo quiero hacer constar -intentó decir la procesada, pero fue cortada por el presidente con gritos de «cállese un momentito». Como la mujer seguía intentando hablar a gritos, el presidente ordenó a la policía que la sacaran de la sala. Antonio Troitiño Arranz se limitó a decir que asume los atentados llevados a cabo por ETA. Sólo seis de los 19 testigos citados acudieron a declarar, todos ellos policías que aquel día llegaron a la plaza tras el atentado o guardias civiles heridos. Uno de estos últimos explicó que el autobús en que viajaban cincuenta guardias civiles sólo se vio afectado en la parte trasera porque el conductor aceleró y cruzó un semáforo en ambar, justo donde los terroristas accionaron la carga explosiva.

El fiscal acusa a los cuatro etarras de haber cargado en una furgoneta 35 kilos de goma-2 y abundante metralla, que ocasionó las muertes y lesiones citadas, daños materiales en 51 coches aparcados en la plaza y en muchos edificios. 

Los tres hombres, según el fiscal, recibieron datos de Inés sobre el recorrido que cada día hacían los coches de la Guardia Civil que salían de la Academia Especial de Tráfico, situada en la calle de Príncipe de Vergara, en una zona muy céntrica de Madrid. Como vieron que el convoy de guardias civiles, formado por un Land Rover de escolta, un autocar y un microbús, debía girar en la plaza de la República Dominicana, eligieron ese punto para colocar los explosivos. Aquel día, Troitiño y De Juana vigilaban desde un coche aparcado en una calle próxima.

A las 7.45 horas de la mañana, cuando vieron que el autobús que encabezaba el convoy pasaba frente al lugar donde tenían la furgoneta, provocaron la explosión. El fiscal pide penas que suman 2.232 años de cárcel para cada procesado, por un delito de atentado con resultado de muerte, once asesinatos consumados, 78 frustrados y un delito de estragos. 

Los dos abogados de la acción popular, en nombre de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y de un grupo de casi 200 ciudadanos, respectivamente, y el de la acusación particular, por la familia de una de las víctimas, pidieron que se acuse también a Inmaculada Noble Goicoechea, miembro del mismo comando que fue llevada como testigo pero que se negó a declarar. El tribunal rechazó la petición, porque el juez ya la denegó antes dos veces.